Tras un 2022 histórico, en el último trimestre se observa un ajuste que afecta a la financiación y a la seguridad jurídica. Las tendencias para 2023 apuntan a la estabilidad de las transacciones y los precios, pero la escasez de oferta es el principal problema, lo que requiere la colaboración público-privada.

En la nueva construcción y el alquiler, la nueva Ley de Vivienda complica la situación, aumentando la prudencia de los fondos y poniendo de relieve la necesidad de alinear visiones y desarrollar las viviendas necesarias mediante la colaboración.

La escasez de suelo crea incertidumbre en los proyectos de primera vivienda, mientras que el sector busca soluciones a través de modelos flexibles y la colaboración para atraer capital y superar los cuellos de botella en la industria.

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