Facilidades de financiación: consideran que las condiciones crediticias y bancarias para los promotores son un obstáculo para promover nuevos proyectos.

Agilidad administrativa para desbloquear terrenos: quieren que el proceso de urbanización y preparación de terrenos para la construcción sea más rápido, con menos obstáculos técnicos o legales.

Estabilidad normativa y menor intervención política: advierten de que los cambios frecuentes en la legislación o las normativas agresivas crean incertidumbre, lo que desalienta la inversión.

También hacen hincapié en que España tiene un problema estructural de insuficiencia de oferta de viviendas, debido en parte a la escasez de suelo urbanizable (suelo ya apto para la construcción) y a la lentitud de los procedimientos de planificación urbana.

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